El Gobierno Vasco cree que la denuncia por las ayudas al nuevo San Mamés no prosperará

18 de diciembre de 2013 9:58

El Gobierno Vasco asegura que la denuncia por supuestas ayudas públicas ilegales recibidas por el Athletic de Bilbao para la construcción del nuevo San Mamés no tiene “la más mínima posibilidad de prosperar”, y esgrime como argumento central el hecho de que el proyecto no se limite a un estadio de fútbol y ofrezca servicios de uso público.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha analizado de esta forma la noticia de que la Comisión Europea va a abrir expediente a varios clubes de fútbol españoles, entre ellos el Athletic de Bilbao, por disfrutar de un régimen económico y fiscal distinto a las sociedades anónimas y recibir ayudas públicas que pueden vulnerar el derecho a la libre competencia.

Erkoreka ha dejado claro que el primer hecho que motiva el expediente, la convivencia de clubes deportivos y sociedades anónimas deportivas, es completamente ajeno al Ejecutivo de Vitoria al tener su origen en una ley aprobada en los años noventa en las Cortes Generales. Y ha dicho que los responsables de esta dualidad son quienes impulsaron y aprobaron la norma.

Mucho más concreto y contundente ha sido a la hora de opinar sobre el proyecto del nuevo campo de fútbol, impulsado por la sociedad San Mamés Barria integrada por el propio Athletic, la Diputación de Vizcaya, el Gobierno Vasco, Kutxabank y el Ayuntamiento de Bilbao, y su adecuación a las leyes de las competencias de la UE. Y ha asegurado que “cuenta con toda la cobertura jurídica del mundo”.

Los cinco socios están contribuyendo a financiar con más de 200 millones de euros el nuevo campo de fútbol, cuya construcción no finalizará hasta 2014: el Athletic, la Diputación Foral, el Gobierno Vasco y Kutxabank aportan 50 millones de euros cada uno, y el Ayuntamiento de Bilbao contribuye con 11 millones de euros para afrontar el pago de licencias municipales.

Erkoreka ha considerado que la fórmula para hacer posible el nuevo San Mamés constituye “un ejemplo modélico” de colaboración entre agentes públicos y privados, y ha sostenido que su adecuación al derecho europeo “arranca del hecho de que no estamos hablando sólo de un campo de fútbol, sino de una infraestructura deportiva que ofrecerá un servicio público abierto al conjunto de la ciudadanía”.

“Estará al servicio del conjunto de los ciudadanos y prestará servicios públicos distintos a la utilización del campo por parte de un equipo de fútbol”, ha añadido.

Garantías jurídicas

Erkoreka ha insistido en que la participación del Gobierno Vasco en el proyecto tiene “todas las garantías jurídicas” hasta el punto de afirmar que “la iniciativa de un denunciante anónimo no tiene la más mínima posibilidad de prosperar. El hecho de que no se trate de un solo campo de fútbol, sino de una infraestructura deportiva abierta al conjunto de los ciudadanos supone un dato cualitativo importante”.

Y es que, según ha insistido, este dato “altera la naturaleza de la instalación y hace que no hablemos de una apuesta monográfica a un objetivo que podría estar en el origen de la vulneración del derecho comunitario, sino de algo completamente distinto: una infraestructura deportiva general que presta servicios a la sociedad y de la que la ciudadanía en su conjunto se va a poder aprovechar”.

“Por lo tanto, para nada puede entrar en colisión con los requerimientos del derecho europeo de la competencia, ha concluido.

Uno de los usos públicos a los que se refiere Erkoreka es la construcción en el estudio de un complejo deportivo con piscina cubierta, zona de spa y gimnasios. El Ayuntamiento de Bilbao será el encargado de la gestión de este complejo cuya construcción comenzará en 2015 con un presupuesto estimado de cerca de 3,3 millones de euros.

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